Siguenos en las redes sociales!
Actualización de balances
19 de Febrero 2013
Se ha publicado en BOICAC Nº 92/2012, una consulta relativa al tratamiento contable de la actualización de balances aprobada por la Ley 16/2012, el 27 de diciembre. Esta medida tributaria necesitaba un cierto desarrollo contable, y a ello presta servicio esta contestación a consulta que parte de una situación de hecho muy concreta (que por otro lado será la más común en la realidad): se trata de una sociedad o sujeto contable cuyo ejercicio social termina el 31 de diciembre. A partir de esta circunstancia, se plantean diferentes cuestiones relativas a cuáles sean los balances a considerar como susceptibles de rectificación, la fecha de las operaciones de actualización a practicar, etc. Trataremos de ceñirnos a los más relevantes en esta breve nota.
Para empezar, se pregunta al Instituto si cabe entender que la mencionada Ley es compatible con el marco normativo contable vigente y en particular con el criterio de valoración de coste histórico, referido en el apartado 6º del Marco Conceptual del vigente Plan General de Contabilidad, y con el principio de uniformidad recogido en el apartado 3º del mismo.
A este respecto, se entiende que la rectificación de valores que hace posible la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, tiene plena cobertura, como la tenía el antecedente inmediato, en el marco jurídico delimitado por la Cuarta Directiva 78/660/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1978, relativa a las cuentas anuales de determinadas formas de sociedad, que en este punto no se ha visto modificada, y se adopta en el ejercicio de la soberanía interna que todos los Estados Miembros tienen para delimitar el marco de información financiera aplicable en las cuentas anuales individuales y en las cuentas anuales consolidadas de las sociedades que no están admitidas a cotización, en los términos previstos en el Reglamento 1606/2002, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de julio de 2002, relativo a la aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad.
Respecto a si la medida es compatible con el criterio de valoración de coste histórico, se informa que la nueva valoración dada a sus activos por una entidad en aplicación de lo dispuesto en la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, esto es, por ministerio de la Ley, es un nuevo coste atribuido equiparable al precio de adquisición de dichos bienes, debiendo tener por lo tanto tal consideración, y sin perjuicio, por otra parte, de la obligación de incluir en la memoria la debida información sobre estos hechos, de acuerdo con lo previsto en el Plan General de Contabilidad y en la propia Ley.
En conclusión debe entenderse que el acogimiento voluntario a la actualización de balances contemplada en la Ley 16/2012 permite mantener la aplicación del principio del precio de adquisición en los activos actualizados, sin cambiar de criterio contable y, en consecuencia, el principio de uniformidad no se ve afectado por la medida.
También incide la consulta en que, aun cuando la actualización de valores se practique respecto de los elementos que figuren en el primer balance cerrado con posterioridad a la entrada en vigor de esta norma en nuestro caso, el 31 de diciembre de 2012, las operaciones de actualización se realizarán dentro del periodo comprendido entre la fecha de cierre del balance a que se refiere el párrafo anterior y el día en que termine el plazo para su aprobación.
A este respecto, didácticamente recuerda el ICAC varios principios a tener en cuenta. En primer lugar, que la reciente Ley de actualización condiciona la rectificación de los valores contables -y, con ella, la realización del hecho imponible-, a la aprobación por el órgano competente (la Junta General, en el caso de las sociedades de capital) del balance actualizado.
En segundo lugar, que no son lo mismo el balance actualizado y el balance que debe incorporarse a las cuentas anuales, y ello aun cuando ambos balances se refieran a los elementos patrimoniales que figuren en cuenta a 31 de diciembre de 2012.
Y, en tercer lugar, que los elementos patrimoniales cuyo valor se rectifica son los incluidos en el balance cerrado a 31 de diciembre de 2012, si bien la actualización que apruebe el órgano competente surtirá efectos retroactivos, contables y fiscales, sin solución de continuidad, a partir del 1 de enero de 2013.
O lo que es lo mismo, y no debe confundirse; una cosa es que los elementos susceptibles de actualización figuren en el balance ad hoc formulado con fecha 31 de diciembre de 2012, y otra que las operaciones de actualización se practiquen antes del 30 de junio de 2013, debiendo ser aprobadas por Junta General a lo sumo en tal fecha.
En definitiva, la rectificación de la valoración contable y fiscal de los activos surge en la fecha en que el órgano competente apruebe el balance de actualización, sin perjuicio de su incorporación a la contabilidad de la empresa con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2013 y al margen de que a partir de esa fecha los efectos contables y fiscales de la actualización puedan diferir, en la medida en que los efectos fiscales de las nuevas amortizaciones se pospongan, ex lege, a 2015.
Por otro lado, como quiera que los hechos económicos y jurídicos deben contabilizarse cuando ocurran, en relación con el gravamen único que lleva aparejada la rectificación contable y fiscal del precio de adquisición de los activos, éste se devengará cuando el órgano competente apruebe el balance de actualización.
En definitiva, señala el ICAC, en toda sociedad de capital procederá actuar del siguiente modo:
a) En el ejercicio 2013, dentro del plazo legal previsto a tal efecto, el consejo de administración formulará las cuentas anuales del ejercicio 2012 sin incluir en el balance la rectificación de valores, pero informando en la memoria de la situación en la que se encuentra el proceso de actualización.
b) Del mismo modo, en el ejercicio 2013, la Junta General aprobará las cuentas anuales del ejercicio 2012 sin incluir lógicamente la rectificación de valores, y aprobará también la correspondiente actualización (según balance ad hoc).
c) En las cuentas anuales del ejercicio 2013, el importe de la reserva de revalorización resultante de aplicar los criterios contenidos en la presente contestación se mostrará en una partida con el adecuado desglose, en el epígrafe III. Reservas del patrimonio neto del balance. Adicionalmente, en la memoria de las cuentas anuales se deberá informar sobre los elementos más significativos objeto de actualización, señalando el importe de los mismos, efecto de la actualización sobre la dotación a la amortización y sobre el resultado del ejercicio, cuantificación de la cuenta de fondos propios denominada "Reserva de revalorización Ley 16/2012, de 27 de diciembre", movimiento de la citada cuenta durante el ejercicio, etcétera.