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El Parlamento aprueba el dictamen en relación con el proyecto de ley foral de medidas contra el fraude fiscal
8 de Marzo 2013
La Comisión de Economía, Hacienda, Industria y Empleo del Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves el dictamen en relación con el proyecto de Ley Foral de Medidas contra el fraude fiscal. La norma impulsada por el Gobierno se centra en la lucha contra "la ocultación de bienes en el extranjero y en la extensión de la responsabilidad en el pago a la Hacienda".
A tal objeto, según ha informado el Parlamento de Navarra en una nota, propone reforzar las garantías del abono de las deudas tributarias a través de nuevas medidas que impidan impagos en procesos de sucesión, concursos de acreedores o liquidación de empresas.
Asimismo, plantea consolidar la obligación de declarar los bienes (muebles e inmuebles) y derechos que las personas físicas y jurídicas de Navarra tengan en el extranjero, instaurando un régimen sancionador especial con una pena mínima de 10.000 euros.
Todo ello, con el fin de posibilitar una mayor recaudación pública, mejorando los 115,8 millones regularizados por este concepto en los ocho primeros meses de 2012.
En el transcurso del debate efectuado en Comisión (más de 60 enmiendas) se han introducido y/o endurecido medidas tributarias para "visualizar y agravar la responsabilidad legal" de todo aquél que incurra en fraude, incrementando sanciones, elevando los plazos de prescripción, o consignando nuevos requisitos.
En ese terreno se sitúan una serie de enmiendas que, entre otros, fijan en 10 años el tiempo para exigir la obligación de pago a los responsables solidarios, y amplían de 4 a 10 años el intervalo para reclamar el abono de las deudas tributarias liquidadas. Del mismo modo, se ha duplicado (de 2 a 4 años) el plazo para perseguir el vaciamiento patrimonial de sociedades o entidades que, aun disueltas y liquidadas, continúan con obligaciones tributarias pendientes.
Entre las medidas cautelares insertadas para asegurar el cobro de la deuda, se contempla el incremento de la misma con los "intereses, recargos y gastos de ejecución". Además, se han endurecido las sanciones en los casos de "resistencia, excusa, negativa u obstrucción", previéndose un recargo de entre el 20 y el 40 por ciento para las infracciones simples y de entre el 20 y el 60 por ciento si son graves. Por otra parte, la reducción de las multas por infracciones tributarias graves, del 40 por ciento si el responsable manifiesta su conformidad, se ha bajado al 30 por ciento.
Estimar el alcance del fraude
En cuanto al estudio que, para estimar el alcance del fraude y la economía sumergida, se prevé en la disposición adicional 6ª de la Ley Foral 21/2012, se ha aprobado una enmienda que obliga al Gobierno de Navarra a elaborar sobre esa base una estrategia cuatrienal de lucha contra el fraude fiscal.
Dicho plan, que se actualizará anualmente, deberá ser presentado en el Parlamento en el plazo de tres meses, concretando objetivos, recursos humanos, económicos y materiales, medidas específicas contra la economía sumergida, así como sendos programas de seguimiento y evaluación, cuyos resultados deberán ser elevados también en el Parlamento.
En esa esfera se sitúa la aprobación de otra enmienda que encomienda al Ejecutivo la instauración, en el plazo de tres meses, de un Programa General de comprobación de empresarios, profesionales y sociedades mercantiles que, con actividades dirigidas a consumidores finales, "declaren ingresos inferiores a un determinado margen sobre sus comprasdeclaradas".
También se ha dado el visto bueno a la convocatoria de oferta pública de empleo en 2013, de cara a incrementar en un 20 por ciento las plazas de técnicos de Hacienda. A su vez, se compromete al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para la conversión (y provisión) de vacantes en plazas de gestores e investigadores auxiliares de Hacienda. Todo ello, incluida la "sustitución" del personal de la Hacienda Tributaria, para "garantizar" una eficaz lucha contra el fraude fiscal.
A ese respecto, se dispone que cualquier medida que implique una amnistía fiscal requerirá para su implantación de "mayoría absoluta" en el Parlamento.
Finalmente, ya en el ámbito de la educación y la concienciación ciudadana, se ha previsto la elaboración de una estrategia "educativa, informativa y comunicativa" que el Gobierno deberá elaborar en el plazo de seis meses y que incluirá un informe de seguimiento a revisar y presentar anualmente en el Parlamento.
No ha prosperado, sin embargo, la pretensión de asegurar que los recursos invertidos en la administración tributaria alcanzasen en 2015, como mínimo, el 0,25 por ciento del PIB de la Comunidad.
Fuente: Europa Press
Fecha: 7/3/2013